En España, ser político es, en la práctica, una profesión sin estatuto profesional. Lo que debería ser un servicio temporal se convierte, demasiadas veces, en una carrera de poder y privilegio. Esta propuesta no nace del rencor, sino de una idea exigente: quien administra lo de todos debe estar sujeto a las reglas más altas, no a las más laxas.
El problema, sin adornos
- Los cargos se fijan su propio sueldo, sin regla objetiva.
- Casi nadie rinde cuentas de cómo entró y salió de la política (el patrimonio crece sin explicación).
- El poder se perpetúa dentro de estructuras cerradas que se reparten cargos como botín.
- Privilegios (como el aforamiento) que rompen la igualdad ante la ley.
No es un problema de «malas personas», sino de malas reglas: cuando las reglas premian perpetuarse y castigan poco el abuso, el sistema selecciona ese comportamiento.
Sesgo declarado, y contraste honesto
Somos minarquistas: la mejor regulación de la clase política es que haya menos poder que repartir. Pero lo decimos claro: las reglas no cambian solas la cultura; varias medidas exigen reforma constitucional (no es magia); y exigir «titulación» para ser político sería elitista y probablemente inconstitucional (cualquiera debe poder presentarse). Habrá quien defienda regenerar con más participación y no menos Estado: esa voz merece estar en el debate.